El pasado 24 de junio la Corte de Estados Unidos revocó el fallo “Roe vs. Wade” que desde 1973 protegía el derecho federal a abortar. Por primera vez desde su creación en 1790, la Corte modifica su propia jurisprudencia suprimiendo un derecho.
La sentencia revocada consideraba que la Constitución de Estados Unidos protege la autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sin restricciones gubernamentales. Interpretaba que el derecho a la privacidad, resguardado en la enmienda número 14 de la Constitución, incluía el derecho de la mujer a abortar.
Este nuevo fallo, por seis votos contra tres, considera que la Constitución norteamericana no prevé ese derecho y queda entonces liberado a cada Estado darse a su propia regulación en la temática.
El efecto jurídico inmediato será que, aproximadamente 26 de los 50 Estados acabarán dictando leyes que prohíban o restrinjan excesivamente el acceso al aborto. Esto afectará a más de 24 millones de mujeres que, para abortar, deberán trasladarse a otros Estados que continúen aceptándolo.
Las más perjudicadas serán entonces las mujeres jóvenes, migrantes, y con derechos económicos vulnerados con mayores dificultades para trasladarse a otros Estados.